NUESTRAS

En la macrozona sur llevamos 3 años bajo estado de excepción, con 56 prórrogas, más de 1.000 funcionarios desplegados y una inversión que supera los $23 mil millones. Sin embargo, la violencia persiste y las organizaciones criminales continúan operando.

 

Esto evidencia que la seguridad no se logra solo con más policías ni con estados de excepción permanentes.

La Constitución de Chile, en su artículo N°1, establece que es deber del Estado la seguridad de la Nación. Sin embargo, lo que hemos visto son respuestas parche y temporales, sin atacar las causas de fondo ni garantizar la tranquilidad duradera de nuestras comunidades.

Necesitamos un cambio de estrategia, que incluya:

Modernizar la Ley de Inteligencia: para anticipar y desarticular el crimen organizado.

Reforzar la prevención y la inversión social para atacar los factores que alimentan la delincuencia.

Asegurar presencia real y continua del Estado, no solo cuando hay crisis.

Fortalecer la coordinación entre fuerzas de orden, Fiscalía y Poder Judicial para terminar con la impunidad.

La seguridad no puede seguir dependiendo de prórrogas, debe ser una política de Estado, permanente, justa y efectiva.